Defensor del Profesor

Presentación del Informe del curso 2014-2015

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ANPE y el Defensor del Profesor celebraron el 12 de noviembre una rueda de prensa para presentar el Informe del servicio correspondiente al curso 2014-2015. En este periodo, el servicio ha contabilizado 1695 actuaciones con profesores en la Comunidad de Madrid. El número de docentes que han acudido desde su puesta en marcha en noviembre de 2005 se eleva a 28.328 en toda España. Un año más, los datos del informe señalan la incidencia de los recortes en la convivencia en los centros educativos públicos.

En la rueda de prensa participaron el presidente nacional de ANPE, Nicolás Fernández Guisado, el presidente de ANPE-Madrid, Francisco Melcón Beltrán, y los coordinadores del servicio, Jesús Niño Triviño y Crisálida Rodríguez Serna, y estuvieron presentes numerosos medios de comunicación.

El presidente nacional de ANPE, Nicolás Fernández Guisado, ha considerado que, al cumplirse diez años del Defensor del Profesor, es buen momento para hacer balance. "Hay menos llamadas —afirmó—pero los casos denunciados tienen un tinte de mayor gravedad", y aludió a la incidencia de los recortes en educación en estos datos, aunque también valoró la importancia de la ley de Autoridad del Profesor y la aplicación de las normas de convivencia. Destacó la preocupación por el incremento en los conflictos con los padres, los equipos directivos y la Administración, así como las faltas de respeto de los alumnos. Para Fernández Guisado, el Plan de Mejora de la Convivencia, que ANPE ha pedido al ministro de Educación, es una asignatura pendiente. “Se debe erradicar del aula cualquier tipo de conflicto y violencia, al igual que de la sociedad”, concluyó el presidente nacional.

El presidente de ANPE-Madrid, Francisco Melcón Beltrán, recordó el nacimiento del servicio en la Comunidad de Madrid en 2005, para prestar apoyo psicológico, jurídico y profesional al profesorado, y lamentó “que tenga que ser el Defensor del Profesor de ANPE, una institución privada, el que deba asumir algunas de estas funciones y alertar a la sociedad sobre los problemas que encuentran los docentes para desarrollar su labor y las consecuencias sobre su estado anímico y psicológico”. Asimismo, Melcón lamentó que la Administración no asumiera su responsabilidad ni pusiera los medios para “medir fehacientemente la verdadera dimensión de los riesgos psicosociales o psicolaborales del profesorado ni el estado de la convivencia en los centros, ambas cuestiones en relación directa”.

Aunque en general la convivencia escolar ha mejorado desde 2007, por la aplicación del Decreto 15/2007, de 19 de abril, por el que se establece el marco regulador de la convivencia en los centros docentes de la Comunidad de Madrid, y la Ley de Autoridad del Profesor, de 2010, no debe olvidarse la incidencia de los recortes en esta comunidad, donde desde 2010 se han perdido unos 7500 docentes, que junto con la falta de inversión en los últimos años, la reducción de recursos, la deficitaria atención a la diversidad y otras medidas adversas han añadido presión al profesorado y, en consecuencia, su estado anímico y psicológico ha empeorado. Señala Melcón que “muchos docentes se resignan con las situaciones problemáticas y, aunque les provoquen estrés o ansiedad, adoptan la postura del "profesor plastilina", para que los problemas no se agraven con denuncias o enfrentamientos con padres, alumnos o Administración.

Francisco Melcón señaló la tipología de las actuaciones, donde destacan la falta de apoyo de la Administración y los equipos directivos cuando los profesores han sido cuestionados por alumnos y padres, en lugar de dar su apoyo apriorístico, basado en la presunción de inocencia, así como el acoso y las amenazas con falsas acusaciones de padres y alumnos, que minan la moral y confianza de los profesores.

En la Comunidad de Madrid se ha abierto un debate sobre convivencia escolar —recordó Francisco Melcón— y se creará un Observatorio de la Convivencia, que se dictaminará en el Consejo Escolar. “Es fundamental que se resuelvan los problemas de conducta, se ponga coto a la violencia de alumnos y familias, y el profesorado reciba apoyo de los equipos directivos y la Administración”, afirmó, e indicó sobre qué bases se debe sustentar cualquier normativa de convivencia:

  • Todos los miembros de la comunidad educativa tienen derecho a ser tratados con consideración, dignidad y respeto.
  • Las conductas de maltrato verbal, físico o psicológico deben considerarse inaceptables.
  • Los centros docentes deben ser entornos saludables y libres de violencia.
  • El respeto a los demás debe reconocerse como el valor y pilar fundamental de la convivencia.
  • Las normas sirven para regular la convivencia en la escuela y en la sociedad, y su cumplimiento garantiza el derecho a la integridad física y moral y el derecho a la educación.
  • La mejora de la convivencia escolar y el respeto al profesor son la clave para asegurar una educación efectiva y de calidad.
  • Tolerancia cero para las conductas violentas.

El presidente de ANPE-Madrid señaló cuatro actuaciones clave:

  • Detectar, prevenir y corregir las conductas contrarias a las normas de convivencia y de los daños que puedan derivarse de las mismas.
  • Evaluación periódica mediante técnicas sociométricas de las conductas de acoso y violencia escolar entre alumnos.
  • Evaluación periódica de los riesgos psicosociales de los docentes (estrés, ansiedad, mobbing, acoso, violencia escolar psicológica, síndrome del burnout o “profesor quemado”, etc.
  • Adopción de medidas para suprimir o reducir dichos riesgos y no desencadenar el efecto señal o la victimización secundaria (búsqueda en la víctima de la explicación del maltrato).

“Consideramos que el mejor sistema educativo es el que permite construir una sociedad más justa y las condiciones en que se desarrollan los procesos son claves. Por eso nos sentimos tan comprometido y activos en la mejora de la convivencia escolar y en las condiciones en que los profesores tienen que impartir docencia”, concluyó Francisco Melcón.

Jesús Niño Triviño, coordinador del Defensor del Profesor, destacó la privacidad y confidencialidad del servicio, que actualmente cuenta con veintiún defensores en España. Mencionó el incremento de llamadas en Educación Primaria, que pasan a superar ligeramente a las de Secundaria en el ámbito nacional, y el aumento de la ansiedad y las bajas por depresión, así como de faltas de respeto de los alumnos.

Crisálida Rodríguez, coordinadora del servicio, hizo referencia al ciberacoso, con grabaciones manipuladas y “un antes y un después por el famoso WhatsApp", así como el incremento del acoso por parte de los padres y la gravedad de las agresiones físicas. El incremento de alumnos por aula ha aumentado las dificultades para dar clase, y la reducción de profesorado ha incidido en los problemas con los compañeros, al obligar a repartir los horarios.

En la Comunidad de Madrid, el 42% de las llamadas recibidas por el Defensor del Profesor en el curso 2014-2015 corresponden al profesorado de Primaria; 35% a Educación Secundaria; 7% a FPB y PCPI; 9% a Educación Infantil; 4% a Ciclos Formativos y un 3% al resto de enseñanzas.

ANPE continúa exigiendo a la Administración educativa:

  • Cumplir y hacer cumplir los decretos de convivencia, así como las normas de conducta establecidas en los centros.
  • Desarrollar en todas las comunidades autónomas el artículo 124 de la LOMCE que recoge la consideración de autoridad pública de los docentes.
  • Garantizar la debida protección jurídica al profesorado, así como la cobertura de la responsabilidad civil, en relación con los hechos que deriven de su ejercicio profesional.
  • Cambios en el modelo educativo que incluyan la flexibilización de la Enseñanza Secundaria y un impulso a la Formación Profesional.
  • Asistencia psicológica a los profesores y reconocimiento de las enfermedades profesionales de los docentes.
  • Exigir formación inicial y continua específica para el profesorado en temas de convivencia escolar.

ANPE considera necesario que la Administración se implique en concienciar a los padres sobre su tarea educativa y la colaboración estrecha con el centro educativo, y exige la puesta en marcha de un plan de mejora de la convivencia escolar que incluya el desarrollo reglamentario de la autoridad del profesor, un programa de prevención de acoso escolar que contemple la aceleración de los protocolos de protección a las víctimas y la reactivación del Observatorio Estatal sobre la Convivencia Escolar.

ANPE seguirá trabajando para mejorar la consideración social de los docentes, hacer llegar a la ciudadanía la realidad diaria en los centros educativos y poner de relieve la importancia de la Educación como uno de los pilares de nuestra sociedad que revierte en la formación académica y humana del alumnado.

ANPE-Madrid, sindicato de profesores de la enseñanza pública

13 de noviembre de 2015

Ver Estadísticas curso 2014-2015 en la Comunidad de Madrid,en el portal de ANPE-Madrid, Defensor del Profesor.

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